Por Dora Isabel González Ayala
En los últimos días resurgió un debate que, a raíz de las opiniones expresadas por Nat Torres en un pódcast, muchas personas comenzaron a criticar la opinión de si realmente cualquier ciudadano debería tener derecho a votar o si ese derecho tendría que condicionarse a contar con un determinado nivel educativo o demostrar ciertos conocimientos sobre política, economía o derecho. La pregunta resulta provocadora porque parte de una preocupación mal interpretada: que las personas votan clientelarmente más que democráticamente ¿pero es justo juzgarlo así?, vivimos en una época donde la desinformación circula con enorme facilidad, las redes sociales pueden amplificar noticias falsas, el clientelismo continúa existiendo y, en ocasiones, pareciera que decisiones que afectan a millones de personas se toman con muy poco razonamiento de las consecuencias como las mayorías perpetradas en los parlamentos.
Es comprensible que frente a ese panorama algunas personas concluyan que una democracia funcionaría mejor si únicamente participaran quienes cuentan con mayor preparación académica. La lógica parece sencilla: si para ejercer una profesión se necesita estudiar, ¿por qué para elegir el rumbo de un país no habría de exigirse un mínimo de conocimientos? A primera vista el argumento parece razonable y merece ser escuchado con respeto, no con descalificaciones. Sin embargo, la historia demuestra que precisamente ahí comienza uno de los caminos más peligrosos para cualquier sociedad democrática.
El verdadero problema no radica en preguntar si la ciudadanía está suficientemente informada, sino en responder quién tendría la autoridad para decidirlo. ¿Sería un gobierno? ¿Un partido político? ¿Una universidad? ¿Un comité de especialistas? ¿Quién elaboraría el examen? ¿Quién establecería el nivel mínimo para aprobarlo? Y, sobre todo, ¿qué impediría que quienes ejercen el poder modificaran esos requisitos para excluir a quienes les resultan incómodos?
El sufragio universal nació justamente para evitar que alguien pudiera responder esas preguntas en beneficio propio. Durante siglos, votar no fue un derecho sino un privilegio reservado para unos cuantos. En distintos momentos de la historia solamente pudieron hacerlo los propietarios de tierras, los hombres con determinado patrimonio, quienes pagaban ciertos impuestos o pertenecían a grupos sociales específicos. Las mujeres fueron excluidas prácticamente en todo el mundo hasta bien entrado el siglo XX, mientras que millones de personas quedaron fuera de la vida política simplemente por su origen étnico, su condición económica o su falta de educación formal.
La experiencia internacional demuestra que, cuando el voto deja de ser universal, rara vez la exclusión permanece limitada a un solo criterio.
En Estados Unidos, después de la abolición de la esclavitud, diversos estados implementaron pruebas de alfabetización, impuestos para poder votar y otros requisitos aparentemente neutrales que, en realidad, estaban diseñados para impedir la participación política de la población afroamericana. En Sudáfrica, durante el apartheid, la mayoría negra fue prácticamente privada de toda representación política. En buena parte de Europa, durante el siglo XIX, los trabajadores no podían votar porque no poseían propiedades suficientes, mientras que en América Latina numerosos países restringieron el sufragio durante décadas con criterios de riqueza, alfabetización o sexo. En todos esos casos el argumento siempre fue parecido: existían ciudadanos “más preparados” que otros para decidir el destino de la nación.
La consecuencia fue siempre la misma: quienes concentraban el poder terminaban definiendo quién merecía ser considerado ciudadano pleno y quién debía permanecer al margen. Los excluidos casi nunca eran los poderosos; eran los pobres, los indígenas, las mujeres, las minorías, los trabajadores o quienes simplemente pensaban diferente.
Por esa razón el sufragio universal terminó convirtiéndose en un derecho humano reconocido internacionalmente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país mediante elecciones auténticas celebradas por sufragio universal e igual. No se trata de afirmar que todas las personas poseen el mismo nivel de conocimientos, sino de reconocer que todas tienen la misma dignidad política. El voto no premia la inteligencia, la riqueza o los títulos universitarios; reconoce que ningún ser humano vale menos que otro frente al Estado.
Eso no significa ignorar los enormes problemas que enfrentan las democracias contemporáneas. Sería ingenuo pensar que basta con permitir votar para vivir en libertad, pero, también es cierto que una ciudadanía mejor informada fortalece cualquier sistema democrático, pero la respuesta nunca puede consistir en retirar derechos fundamentales. Si el problema es la desinformación, la solución es una mejor educación cívica.
Si existen campañas de manipulación, la respuesta debe ser una mayor transparencia y mejores medios de información. Si preocupa la compra del voto, corresponde fortalecer las instituciones encargadas de perseguir esos delitos. Los derechos humanos no se corrigen eliminándolos; se fortalecen creando las condiciones para ejercerlos plenamente.
Sin embargo, existe una reflexión adicional que pocas veces forma parte de este debate; así como resulta profundamente peligroso condicionar el derecho universal al voto, también lo es conservar formalmente ese derecho mientras se vacían de contenido las instituciones que deberían protegerlo. De poco sirve que todos puedan acudir a las urnas si las autoridades electorales pierden independencia, si los tribunales dejan de actuar como contrapeso, si el Poder Judicial se convierte en una extensión del gobierno o si la violencia criminal decide qué candidatos pueden competir y cuáles son asesinados antes de llegar a la boleta. Tampoco existe una democracia plena cuando comunidades enteras votan bajo amenazas del crimen organizado o cuando el miedo condiciona la libertad política de los ciudadanos.
Por eso una democracia no puede reducirse únicamente al acto de depositar una boleta. La democracia es un ecosistema institucional donde el sufragio universal convive con elecciones libres, árbitros imparciales, jueces independientes, libertad de expresión, seguridad pública y contrapesos efectivos entre los poderes del Estado. Cuando cualquiera de esos elementos desaparece, el voto comienza a perder su verdadero significado.
La historia demuestra que las democracias no mueren únicamente cuando se prohíbe votar. También se debilitan cuando las elecciones dejan de ser auténticamente libres, cuando las instituciones encargadas de garantizarlas son capturadas o cuando la violencia sustituye la voluntad ciudadana. Tan grave es excluir a una parte de la población del derecho al voto como permitir que ese derecho exista solamente en apariencia, mientras el miedo, la manipulación o la concentración del poder terminan decidiendo el resultado.
El voto universal nunca fue concebido como un reconocimiento al mérito individual. Es el recordatorio de que el poder pertenece por igual a todos los ciudadanos y de que ningún gobierno debe tener la facultad de decidir quién merece ser escuchado. Esa sigue siendo, quizá hoy más que nunca, la frontera más clara entre un Estado democrático y uno que ha comenzado a dejar de serlo.
Porque la democracia no se mide por quienes pueden votar, sino por la capacidad de garantizar que cada voto tenga el mismo valor, la misma libertad y la misma protección frente al poder. México merece más.
