Por Dora Isabel González Ayala
En los últimos años, pareciera que el mundo nos está obligando a escoger entre dos caminos que, en teoría, no tendrían por qué ser incompatibles: la seguridad o los derechos universales.
De un lado vemos el ascenso de fuerzas políticas que colocan la seguridad como valor supremo, estos, son partidos que prometen orden, control migratorio, combate frontal al crimen y fortalecimiento de las fuerzas del Estado. Sin embargo, con frecuencia esa visión termina acompañada de discursos que minimizan derechos sociales, cuestionan políticas de inclusión o reducen la importancia de las garantías universales. Muchas veces, además, se alinean ideológica y estratégicamente con potencias extranjeras, reproduciendo agendas que poco tienen que ver con las realidades locales.
Del otro lado están los partidos que se autodenominan de izquierda, siendo aquellos que llegaron al poder con la promesa de ampliar derechos, combatir desigualdades históricas y construir sociedades más inclusivas. No obstante, en numerosos países esa esperanza terminó debilitada por la incapacidad para garantizar seguridad a la población, por el crecimiento de la delincuencia y, en los casos más graves, por acusaciones de contubernio o tolerancia hacia grupos criminales.
Y entonces surge la pregunta que millones de personas se hacen todos los días: ¿por qué tenemos que elegir ¿Por qué debemos aceptar que un gobierno garantice derechos, pero no seguridad? ¿O que proporcione seguridad sacrificando libertades y derechos conquistados durante décadas?
La polarización política mundial parece habernos colocado en esa falsa disyuntiva.
América Latina es quizás el mejor laboratorio para entender esta discusión: durante la llamada “marea rosa”, gran parte de la región apostó por gobiernos progresistas que prometían ampliar derechos, reducir desigualdades y construir sociedades más inclusivas, sin embardo después de dos periodos o más de gobernar, pasó otra cosa, se dio el crecimiento de la inseguridad, la expansión del crimen organizado, los problemas económicos y diversos escándalos de corrupción fueron erosionando esa esperanza en amplios sectores de la población.
El resultado ha sido una reacción política que ha llevado a varios países hacia opciones de derecha, centroderecha o liderazgos de mano dura. Ahí están los casos de Argentina con la llegada de Javier Milei; Ecuador con Daniel Noboa; El Salvador con Nayib Bukele; el fortalecimiento de fuerzas conservadoras en Chile; el regreso de corrientes de derecha en Uruguay; y la creciente presencia de proyectos políticos que colocan la seguridad como prioridad absoluta en buena parte de la región.
La señal más reciente llegó en Colombia, un país que hace apenas unos años simbolizaba el ascenso de una nueva izquierda latinoamericana terminó mostrando un fuerte viraje electoral hacia posiciones más conservadoras. Más allá de nombres y partidos, el mensaje que parece emerger de buena parte de la ciudadanía latinoamericana es similar: millones de personas sienten que los gobiernos progresistas avanzaron en algunos derechos, pero no lograron garantizar algo tan básico como vivir sin miedo.
Sin embargo, el problema es que muchas de estas nuevas alternativas que el discurso público dicen es de “ultraderecha” han construido su legitimidad sobre una narrativa donde la seguridad parece estar por encima de todo. En ocasiones, ello implica relativizar derechos civiles, minimizar derechos sociales o reducir espacios de pluralidad e inclusión; como si la única manera de recuperar la tranquilidad fuera renunciar a parte de las libertades conquistadas.
Y ahí aparece la gran pregunta de nuestro tiempo: ¿la única respuesta posible a la inseguridad es sacrificar derechos? ¿Debemos resignarnos a escoger entre libertad y orden, entre inclusión y seguridad, entre justicia social y combate al crimen?
La experiencia latinoamericana demuestra que cuando una sociedad se siente abandonada por sus instituciones termina buscando refugio en los extremos. Pero los extremos rara vez construyen soluciones duraderas. Gobernar desde el miedo puede ganar elecciones; construir seguridad con legitimidad democrática es mucho más difícil, pero también mucho más sostenible.
Pero México siempre ha sido distinto.
Nuestra historia política no encaja completamente en los moldes tradicionales de derecha e izquierda que se observan en otras regiones del continente, la historia lo enseña bien, mientras toda la región estaba en dictaduras, acá era la “monarquía sexenal”.
Para aclarar las vertientes diferenciadoras: fuimos el primer país del mundo en incorporar derechos sociales en una constitución moderna mediante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en que, antes que muchas naciones desarrolladas, reconocimos derechos laborales, agrarios y educativos, lo que se llama como derechos de segunda generación (los primeros son derechos civiles y políticos).
Por eso resulta particularmente preocupante la crisis que hoy enfrentamos, ¿qué quiero decir? Vivimos una crisis de la razón de Estado: la capacidad fundamental de proteger a los nuestros.
Miles de familias viven con el dolor de la desaparición de un ser querido, comunidades enteras padecen extorsión, cobro de piso y violencia cotidiana. La sensación de vulnerabilidad se ha convertido en parte de la vida diaria para demasiados mexicanos.
Sin embargo, nuestra historia demuestra que tampoco aceptamos fácilmente el autoritarismo. Somos un pueblo noble pero no pendejo.
Pero ¿en realidad el pueblo mexicano vota por decirse de derecha o izquierda? Me explico:
Cuando ocurrió la alternancia del año 2000, millones de mexicanos no votaron necesariamente por la derecha, votaron por terminar con un sistema que había acumulado abusos durante décadas, votaron contra prácticas que recordaban episodios tan dolorosos como la Matanza de Tlatelolco, la respuesta distante del poder tras el Terremoto de Ciudad de México de 1985 o el impacto nacional generado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
México nunca ha sido un país que vote simplemente por etiquetas ideológicas. Históricamente, los mexicanos han buscado dignidad, igualdad, justicia y protección a su propio estilo histórico, -quizá pater o mater nalista-, entendido en el México profundo como esperanza.
Por eso, la discusión actual, nuestro proyecto de naicón, no debería ser si queremos seguridad o derechos, debería ser cómo garantizamos ambas.
Existen ejemplos que demuestran que es posible: países como Finlandia, Dinamarca y Canadá han construido sistemas que combinan instituciones sólidas de seguridad con amplias redes de protección social y respeto a los derechos fundamentales. Incluso en América Latina, Uruguay ha demostrado durante largos periodos que es posible mantener estabilidad democrática, políticas sociales robustas y niveles relativamente bajos de violencia.
La diferencia es que sus dirigentes entendieron algo fundamental: la seguridad y los derechos no son adversarios.
La verdadera seguridad no consiste únicamente en más patrullas o más cárceles, también implica acceso a educación, empleo digno, salud, vivienda y oportunidades. Del mismo modo, los derechos universales pierden sentido cuando una persona no puede caminar tranquila por su colonia o teme que un familiar desaparezca.
Quizá ha llegado el momento de abandonar la lógica de trincheras ideológicas. Ni el autoritarismo vestido de orden ni la complacencia disfrazada de progresismo parecen estar resolviendo los problemas de fondo.
México necesita estadistas, no fanáticos.
Debemos ser liderazgos capaces de entender que proteger a la población y respetar sus derechos son obligaciones complementarias, no excluyentes, porque la verdadera grandeza de una nación no se mide únicamente por su capacidad para garantizar libertades, ni solamente por su capacidad para imponer orden; vaya, se mide por su capacidad para garantizar ambas al mismo tiempo.
Y esa es, precisamente, la conversación que México merece tener.
