Fuente: El Faro Luz y Ciencia, lunes 11 de mayo de 2020, CDMX.
Escrito por: Diana Mariela Sánchez Velasco* Miembros de la Red Juvenil El Faro/Agenda 2030.
La emergencia sanitaria y social derivada del Coronavirus altera las condiciones normales de actividad, así como agudiza los conflictos ya existentes y con ello, la aplicación del Estado de Derecho; es por tal, que en todo momento debe adaptarse y reafirmarse el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 16: paz, justicia e instituciones sólidas.
La paz y la justicia incluye a todos, al igual que para cualquier situación
La pandemia del COVID-19 ha dado lugar a que se produzcan complicaciones en diferentes áreas ya vulnerables. Mucho se habla de las consecuencias sanitarias y económicas, que no dejan de ser importantes, pero se dejan de lado otros temas humanitarios, donde nos olvidamos de que la cuarenta se vive de diversas maneras y en diferentes realidades, no todas tan favorables.
El agravio sanitario no ha pausado ni mucho menos cesado los conflictos de índole político-social que se desarrollan a lo largo del mundo. Por mencionar algunos de los principales conflictos armados que hoy en día siguen vigentes: Siria, Yemen, Sudán del Sur, Myanmar, el Sahel, Afganistán, entre muchos otros. No podemos negar que quienes se encuentran en estas zonas en conflicto, corren mayor riesgo; muchos se ven imposibilitados a realizar la cuarentena de la manera “correcta” (apenas si lo tienen en cuenta), no cuentan ni siquiera los recursos básicos para su alimentación y mucho menos pueden recibir la atención adecuada en caso de que llegara a presentarse algún contagio.
Al respecto, hace algunas semanas el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas ONU, Antonio Guterres, declaró lo siguiente:
“Necesitamos poner fin al mal de la guerra y luchar contra la enfermedad que está devastando nuestro mundo. Y esto empieza poniendo fin a los enfrentamientos en todas partes. Ahora. Eso es lo que la familia que somos la humanidad necesita, ahora más que nunca”.
Esto responde al Objetivo 16 de la Agenda 2030: “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”. Lo que se pretende con ello, es abrir una puerta de oportunidad para la gobernanza y diplomacia, que de esta forma se pueda brindar ayuda a los grupos vulnerables que se encuentran en las zonas de conflicto, no obstante, muchas de estas guerras llevan varios años desarrollándose y es difícil que de un día para el otro, pongan cese al fuego.
-Para muchas de las personas la enfermedad es el menor de sus problemas-.
Para esclarecer lo que significa el ODS 16, dentro de sus metas se encuentra:
1) reducir odas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo; 2) poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños; 3) promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia; 4) reducir las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra la delincuencia organizada; 5) reducir la corrupción y el soborno; 6) crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas; 7) garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades; 8) ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial; 9) proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos; 10) garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
Leer más: Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas
Leer más: Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. México
Al respecto, cuando en el 2015 se conformó estos objetivos, particularmente el ODS 16, se estimó por parte de las Naciones Unidas que la corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva costaban $ 1,26 billones de dólares anuales para los países en desarrollo cuando podría usarse para ayudar a aquellos que viven con menos de $ 1.25 al día; mientras que aproximadamente 28.5 millones de niños en edad escolar primaria no asisten a la escuela en zonas de conflictos.
Para añadir, hacia 2017, 68,5 millones de personas fueron desplazadas de manera forzosa, por persecución, conflicto, violencia o violaciones de los derechos humanos; hay por lo menos 10 millones de personas apátridas en todo el mundo sin derechos con ellos. Por otro lado, se considera que 49 países carecen de leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica (aunque en 46 países, las mujeres tienen más del 30% de los escaños en al menos una cámara del parlamento nacional); 1000 millones de personas son legalmente «invisibles» porque no tiene registros de nacimiento.
Todas estas poblaciones vulnerables, los migrantes, población en zonas de conflicto, los “invisibles”, las mujeres en condiciones de violencia no pueden ser los más olvidados en la emergencia actual.
A estas condiciones previas y el devastador escenario que se puede darse sin acciones coordinadas, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet ha presentado el documento “Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19”, a la vez argumentado “…nuestros esfuerzos para combatir el virus no darán resultados a menos que apliquemos un enfoque holístico, lo que significa que debemos proteger cuidadosamente a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, tanto en términos médicos como económicos”.
Leer documento: Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19
También por parte del Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial, Diego García-Sayán, publicó siete pautas clave para asegurar que jueces, funcionarios judiciales, fiscales y abogados mantengan los sistemas judiciales en funcionamiento durante esta emergencia: “La crisis COVID-19 ya afecta gravemente el funcionamiento de los sistemas judiciales y amenaza el derecho de las sociedades a contar con una justicia operativa e independiente. En este contexto, el riesgo de conductas abusivas desde el poder político es real y abre condiciones favorables a la impunidad” puntualizó, indicando el temor de un aumento de la delincuencia y la violencia “Es indispensable una racionalización inmediata de los servicios esenciales que prestan los sistemas de justicia en torno a asuntos que pueden considerarse prioritarios”.
Para nuestra región, Latinoamérica, las cifras y condiciones de vulnerabilidad también son cercanas, y, pre al COVID-19, ya eran alarmantes. La Oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, la Dra. Valeria Torres detalla sobre “los problemas de violencia de diversos tipos en la región, que han socavado la confianza de la gente en las instituciones públicas y en la democracia. Se mencionan las causas de los problemas más graves como los homicidios y el narcotráfico, donde la inseguridad ciudadana es la principal preocupación para las autoridades. Es necesario enfrentar a las organizaciones criminales y facilitar y fortalecer el acceso a la justicia para todos, mediante instituciones eficaces, inclusivas y responsables”.
¿Y el ODS 16 en México?
Hablando de nuestro país, en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2019) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, se registró que en 93.2% de los delitos no hubo denuncia, donde de la razones, el 34.2% consideró que era una pérdida de tiempo y el 16.5% fue por desconfianza a las autoridades; asimismo, en 2018 México ocupó el lugar 138 (de 180 países) en el Índice de Percepción de Corrupción, poniéndonos en los peores aspectos en el cumplimiento de todas las metas del Objetivo 16.
En relación, con la entrada del nuevo Gobierno en México ha dado un peso importante a combatir la corrupción y garantizar paz, justicia e instituciones sólidas, desde la incorporación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (donde ya está alineado textualmente la Agenda 2030) en su eje “Política y Gobierno” se integró los puntos: 1) Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad; 2) Recuperar el estado de derecho; 3) Separar el poder político del poder económico; 4) Cambio de paradigma en seguridad; y para ser más incidentes, se implementó el Eje Transversal: Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública.
Leer más: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
De la mano, se ha expresado el compromiso por dar seguimiento a la Política Nacional Anticorrupción aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual a través de un estudio de la realidad mexicana se conformó esta política pública compuesta de los siguientes ejes: 1) Combatir la corrupción y la impunidad; 2) Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder; 3) Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno – sociedad; 4) Involucrar a la sociedad y el sector privado.
Leer más: Política Nacional Anticorrupción
Las acciones para combatir la corrupción son fundamental para disminuir los abusos de las autoridades en este periodo de emergencia y no volcarnos a un aumento incontrolable de la delincuencia y la violencia social, -terminando en un estado de sitio-, pero ¿cuáles son nuestros retos en el COVID-19?
Para el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE espera que la contingencia sanitaria “altere la incidencia delictiva, exacerbando los delitos cibernéticos y saqueos masivos de tiendas departamentales. Asimismo, estima que repunte la delincuencia después de la pandemia a causa de la disminución en el ingreso de los hogares”.
Tan solo, entre enero y marzo en el país se cometieron 8.585 homicidios dolosos, un 13,5% más que en el mismo período de 2019, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir hay más muertos por crimen que por el COVID-19. Una de las respuestas del Gobierno fue desplegar una cantidad importantes de elementos de las fuerzas armadas, la Guardia Nacional (GN) y las corporaciones policíacas locales, para hacer frente a las guerras entre cárteles, eventos donde resultan la mayoría de estos homicidios. Sin embargo, cuando se usan medidas de fuerza, significa que todo lo anterior no funcionó o está debilitado.
Estas acciones son de seguridad inmediata no se debe dejar atrás los elementos sostenibles para garantizar la protección de los derechos humanos por parte del Estado.
¡El camino a la gobernanza es largo!
Sin embargo, más allá, del combate a la corrupción y la delincuencia, que está causando enormes daños a la población y la economía, en México también son parte de la agenda prioritaria: la migración (somos los autores del Pacto Mundial sobre Migración) y otros grupos a veces excluidos de sus derechos, como son los presos, los cuales, requieren de la prevención, esfuerzos y cooperación de los gobiernos y organismos internacionales. Con ello, algunos apoyos conjuntos se han movilizado.
Antonio Molpeceres, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en México, hizo un llamado al Gobierno Federal para que atienda a las personas que son retornadas por los Estados Unidos.
«Los migrantes son de las poblaciones más vulnerables del país. Observamos con cierta preocupación la frontera norte del país, los mexicanos que están siendo retornados y es muy importante que ese grupo reciba atención médica y las pruebas que son necesarias», enfatizó.
Asimismo, como una acción de cooperación internacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ha llevado a cabo un plan para el apoyo a niñas, niños y adolescentes y familias migrantes en México, dirigido a prevenir el contagio de COVID-19, mantener la continuidad educativa y proteger la integridad física y emocional, a lo que, por el momento, han llegado a 29 albergues con kits de limpieza y concientización sobre esta enfermedad.
Leer más: ODS16. UNICEF implementa plan para COVID-19 en México
De acuerdo con las Naciones Unidas, en México viven, alrededor de 1.060.707 de inmigrantes, lo que supone un 0,85% de la población del país; y a su vez, hay 11.796.178 de emigrantes, siendo el segundo país con más emigrantes desplazados a otros países, que suponen el 9,46% de su población.
En lo que señala a mantener el sistema de justicia penal y proteger los centros penitenciarios, las Oficinas en México de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC (por sus siglas en inglés), la Organización Panamericana de la Salud de la Organización Mundial de la Salud OPS-OMS y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ONU-DH han presentado el documento “Estándares Especiales UNAPS COVID-19” con el fin de promover medidas sanitarias concretas a fin de prevenir y contener la potencial presencia del COVID-19 en centros penitenciarios mexicanos, componiéndose de cuatro punto: 1) El centro penitenciario protege y atiende a las personas privadas de la libertad contra la COVID-19. 2) El centro penitenciario protege y atiende a su personal contra la COVID-19. 3) El centro penitenciario protege a los visitantes contra la COVID-19. 4) El centro penitenciario protege a las niñas y niños contra la COVID-19.
Leer más: Estándares Especiales UNAPS COVID-19
“En muchos países, los centros de reclusión están atestados y en algunos casos lo están de manera peligrosa. A menudo los internos se encuentran en condiciones higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes. En esas condiciones, el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente imposibles”, comentó Bachelet en un comunicado.
Cabe agregar también, la recién aprobada Ley de Amnistía, con el anuncio gubernamental de preliberación de 400 presos federal, la cual, sirve de manera complementaria (con sus debidas medidas) a las acciones humanitarias y reconocido por las Naciones Unidas.
Leer más: DECRETO por el que se expide la Ley de Amnistía
Habrá que ver qué historia queremos contar.
Finalmente, con esta relatoría del ODS 16, y nuestro contexto, podemos evidenciar que es fundamental para disminución y contener el COVID-19 sin afectar el orden, al igual que dañar al sistema y los derechos humanos, requiere que en todo momento haya una gobernanza donde los ciudadanos participen, sean escuchados y crean en sus autoridades e instituciones. No podemos decir que hemos logrado cumplir con las metas y haber recuperado la confianza mutua, cuando apenas estamos en camino.
A manera de propuesta, las instituciones parlamentarias y gubernamentales no deben romper con los canales de comunicación, tampoco que se caiga en la mala práctica por parte de las autoridades de imponer decisiones y excluir a las poblaciones vulnerables. Para lograrlo, debe incentivarse la creación de políticas públicas con los nuevos escenarios durante y posterior a la pandemia, lo digital puede abarcar un gran grupo de gente y movilizar personal para la atención de aquellos que no tienen voz por los medios electrónicos. También la cooperación no se debe detener.
El panorama es incierto pero la vulnerabilidad de las zonas de conflicto seguirá siendo una realidad que no puede ignorarse; los problemas sociales seguirán vigentes y la indiferencia e incertidumbre que se agravian con ellos serán una constante cada vez más evidente, si no estructuramos las variables de la forma precisa y con la constancia adecuada.
Falta mucho por delante.
Twitter: @MarielaBeatle
