Por Dora Isabel González Ayala
En los últimos días, el debate público se ha concentrado en dos frentes que parecen distintos, pero que en realidad reflejan el mismo problema, ¿de qué se trata?: por un lado, las declaraciones y la defensa política alrededor del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya quien de acuerdo a los Estados Unidos se ha probado su vínculo con el narcotráfico; por el otro, la postura de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, respecto a la soberanía nacional y la relación con actores externos, al ser juzgada previamente por el gobierno mexicano de tener conocimiento de la injerencia de agentes de inteligencia estadounidenses en suelo mexicano después de encontrarlos asesinados. ¿Qué opinan ustedes?
Las discusiones han sido intensas, las conferencias abundantes y los posicionamientos partidistas no han faltado; sin embargo, hay una pregunta que millones de mexicanas y mexicanos se hacen lejos de los reflectores: ¿todo esto realmente mejora la vida de nuestra gente?
Porque mientras las élites políticas discuten sobre soberanía, competencias institucionales o responsabilidades entre niveles de gobierno, hay familias que siguen buscando a sus desaparecidos, hay comerciantes que cada semana deben decidir entre pagar el cobro de piso o arriesgarse a perder su patrimonio, hay transportistas que modifican rutas por miedo, hay madres que rezan para que sus hijos regresen a casa y hay colonias enteras mexicanas que viven bajo una tensión permanente que no aparece en los discursos del oficialismo.
La soberanía es un principio fundamental para cualquier nación, cierto, y México debe defenderla siempre, porque ningún país digno puede aceptar injerencias indebidas ni renunciar a sus facultades constitucionales; pero la soberanía no puede convertirse en una cortina que impida ver los problemas reales. La soberanía no se demuestra únicamente con declaraciones en conferencias de prensa, se demuestra cuando el Estado es capaz de garantizar seguridad, justicia y tranquilidad a sus ciudadanos.
Del mismo modo, tampoco se puede reducir la discusión a la protección de figuras políticas, por en simple hecho que en una democracia madura, las instituciones existen para proteger derechos humanos, no para blindar personas para fines ajenos a los del bien común y el humanismo.
Vaya, cuando la conversación pública se concentra más en defender a los integrantes de las cúpulas que en resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía, algo se ha descompuesto en nuestras prioridades nacionales.
El riesgo es que poco a poco se normalice lo anormal: que las desapariciones se vuelvan una estadística más, que el cobro de piso sea considerado parte del costo de hacer negocios, que los bloqueos, las amenazas y la violencia formen parte del paisaje cotidiano. Cuando eso ocurre, no sólo se debilita la seguridad; también se erosiona la confianza en las instituciones; y … cuando la confianza desaparece, el Estado pierde una de sus herramientas más importantes para gobernar.
La historia demuestra que ninguna sociedad puede sostener indefinidamente esa tensión. Las ollas de presión sociales no explotan de un día para otro, lo hacen después de años de frustración acumulada, de promesas incumplidas, de ciudadanos que sienten que nadie los escucha y de gobiernos que terminan hablando más entre ellos que con la población.
¡El hartazgo no suele anunciarse con anticipación, simplemente llega!
Por eso resulta preocupante observar cómo gran parte de la energía política nacional se consume en disputas narrativas mientras los problemas estructurales siguen creciendo.
México necesita menos confrontación simbólica y más capacidad institucional, necesita fiscalías que funcionen, policías profesionales, ministerios públicos eficientes, sistemas de inteligencia sólidos y coordinación real entre los distintos órdenes de gobierno, necesita resultados medibles, no solamente posicionamientos políticos.
Las mexicanas y los mexicanos aspiran a un país distinto, un país donde abrir un negocio no implique miedo, donde tomar un transporte público no sea una apuesta, donde buscar a un familiar desaparecido no se convierta en una lucha interminable contra la burocracia, donde la política deje de parecer un espacio dedicado a proteger grupos y vuelva a ser una herramienta para resolver problemas.
Quizá ha llegado el momento de dejarse de bandos elitistas y de cálculos electorales, la inseguridad no distingue pero sí ataca a los más vulnerables; la extorsión no pregunta ideologías pero daña a los de la cultura del esfuerzo; las desapariciones no revisan credenciales, pero ya llega hasta nuestra niñez. Frente a una realidad tan dolorosa, seguir atrapados en disputas políticas sobre quién tiene la razón o quién gana la narrativa parece una desconexión preocupante con la vida real del país.
Porque al final, la verdadera soberanía no es la que se proclama para evadir responsabilidades, es la que se ejerce garantizando que cada ciudadano pueda vivir libre de miedo. Y hoy, para millones de personas de a pie, esa sigue siendo una deuda pendiente.
