Por Dora Isa González
México es esa contradicción contrastada entre su riqueza y su tan esperada llegada de la grandeza puesta en las grandes salas de la historia, por eso ahora hablaremos del cine. Exportamos talento como si fuera aguacate premium —actores, directoras, fotógrafos, guionistas, sonidistas— y al mismo tiempo tratamos el derecho cultural como si fuera “bonus” de temporada, de esos que se anuncian y luego se pierden en la letra chiquita. El país que presume creatividad, deja que la cultura sea el primer foco que se apaga cuando se aprieta el presupuesto, el primer programa que se recorta cuando cambia el humor del poder, el primer edificio que se vuelve bodega cuando lo público deja de tener vocación de comunidad.
No estamos hablando de nostalgia romántica: hablamos de política pública, de industria, de empleos, de identidad y de un derecho básico a acceder al arte sin que te pidan tarjeta platino.
Mientras el discurso oficial se llena la boca con “cultura para todas y todos”, la vida real te cuenta otra película: salas comunitarias clausuradas, infraestructura subutilizada, apoyos que se reconfiguran sin claridad y un ecosistema que sobrevive más por constancia creativa de los agentes culturales que son como locos para el sistema, que por un diseño de Estado constante.
El propio anuario del IMCINE reporta para 2024, 240 largometrajes mexicanos en distintas fases de producción, señal de que creatividad hay, músculo hay, hambre hay; pero una cosa es producir y otra sostener un circuito vivo donde la gente vea, discuta, se forme, se reconozca, y donde filmar sea un trabajo posible, no una apuesta suicida.
Y hablando de contradicciones, tenemos elefante en la sala: el país se está mudando al streaming, pero el Estado no se mudó con su gente. En México, 12.7 millones de hogares declararon tener servicio de streaming en 2024 (32.4%), subiendo desde 2023; es decir, consumimos pantalla como rutina nocturna, como acompañante de cena, como anestesia del cansancio, como ventana al mundo; sin embargo, lo público —lo cultural— no se modernizó al mismo ritmo para garantizar acceso, alfabetización audiovisual y espacios de encuentro. Ver cine también es aprender a mirarnos, y eso no te lo da el algoritmo, te lo da la conversación comunitaria aun no dimensionada por los tomadores de decisiones.
Aquí es donde duele mirar a la Ciudad de México que fue sede de la industria creativa del siglo de oro, viendo monumentos como la Plaza Dolores del Río en el Parque Hundido, el Teatro Insurgentes creado por Cantinflas y María Félix, o el ahora desaparecido monumento de Tin Tan en el centro.
Y hablando de mi querida alcaldía Benito Juárez, que es por cierto considerada mundialmente como la “capital del entretenimiento” en que conviven foros, eventos, conciertos, hay un caso especial de abandono institucional federal, es la Sala Revolución, en la calle General Emiliano Zapata 340 —un espacio que fue para proyecciones familiares— y que hoy aparece descrita como en abandono y usada como bodega, según un reporte periodístico. ¿Qué mensaje manda una ciudad cuando guarda el cine como si fuera archivo muerto? Que la cultura es utilería. Que el derecho cultural se administra como trastero. Que la memoria se guarda, pero no se comparte.
No es un caso aislado, la CDMX está llena de cicatrices arquitectónicas del cine: ahí está el Cine Ópera, ese gigante art decó que terminó como símbolo de lo que se deja caer cuando se rompe el pacto entre patrimonio y política pública; en contraste con otro caso que refleja voluntad: la transformación del FARO Cosmos digna muestra de que una vieja sala puede reactivarse como equipamiento cultural contemporáneo, con memoria y con barrio. Entonces no es que “no se pueda”; es que a veces no se quiere lo suficiente, o se quiere solo para la foto, o se quiere pero sin continuidad, y así no se construye industria ni ciudadanía cultural.
Estro representa hablar de las decisiones de Estado que desfondaron confianza: la extinción de fideicomisos y cambios abruptos en mecanismos de apoyo al cine no fueron solo un debate técnico; tocaron derechos y certezas. Organizaciones han documentado la desaparición del FIDECINE en 2020 y el impacto institucional de ese viraje, y más en pandemia; también, la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a sostener que con esa eliminación había un menoscabo injustificado relacionado con derechos culturales, en el análisis constitucional del tema.
¿Qué significa para nuestro barrio? Que cuando el Estado mueve el piso sin red, el que se cae no es “el gremio”, se cae el acceso, se cae la diversidad, se cae la posibilidad de que una niña de una colonia popular vea su historia en pantalla sin pagar un dineral, y se cae también el empleo creativo que no aparece en la propaganda.
El contraste es brutal cuando se miran los nombres propios: Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro —tres premios Óscar, tres trayectorias globales— no consolidaron su obra desde una política cultural nacional robusta, sino desde Hollywood. No es casualidad: aquí faltó un ecosistema estable; allá hubo industria, incentivos y reglas claras. Mientras en el Cine de Oro mexicano los estudios, las salas y el público formaban un circuito interno, hoy el reconocimiento llega con pasaporte.
Del Toro lo dijo: “El cine es un acto de fe”, y también ha insistido en que sin apoyo estructural el talento se vuelve migrante forzoso. Iñárritu ha recordado que “el cine no es solo entretenimiento, es una manera de entender quiénes somos”, pero ese espejo hoy se fabrica fuera. Cuarón, por su parte, ha señalado que “la cultura no es un lujo, es una necesidad básica”, y sin embargo en México se le trata como gasto prescindible. Lo mismo ocurre con las actrices y actores: Salma Hayek, Diego Luna y Gael García Bernal construyeron carreras globales en un mercado que sí entendió al audiovisual como industria estratégica. Gael lo resumió así: “El cine es una herramienta para imaginar países distintos”. La pregunta es por qué ese país distinto se imagina desde Los Ángeles y no desde Iztapalapa, Tlalpan o la Benito Juárez.
No es un problema de talento, es de arquitectura institucional. En los años del Cine de Oro, el Estado, los estudios y las salas dialogaban; hoy el creador dialoga con Netflix, con festivales extranjeros y con fondos internacionales, pero casi nunca con una política cultural nacional sólida. El resultado es una paradoja cruel: México es potencia creativa sin plataforma pública, cantera de genios sin industria propia, exportador de identidad sin pantallas comunitarias donde reconocerse.
Mientras tanto, la taquilla comercial te da otra pista: los precios suben y la asistencia baja, y el cine nacional sufre más el golpe. En 2024 se reportó que el precio promedio del boleto subió y que el cine mexicano tuvo caída de ingresos y boletos vendidos, según cifras divulgadas a partir de CANACINE; ¡vaya! si dejamos que todo dependa del mercado, lo primero que se empobrece es la diversidad cultural, en que sobreviven los grandes, se aplastan los medianos, se extinguen los pequeños, y luego nos preguntamos por qué el gusto se vuelve uniforme y por qué las juventudes “ya no se interesan” cuando en realidad sí se interesan, solo que el acceso se volvió un lujo o un feed.
Por eso vale comparar los éxitos de otras ciudades que entendieron que el audiovisual no es solo arte, es economía urbana, marca de ciudad y barrio, empleo y cohesión social: Buenos Aires opera una comisión fílmica que facilita permisos y coordina el set urbano, y además ha impulsado instrumentos tipo cash rebate para atraer producción; Bogotá creó una comisión fílmica (con decreto) y un permiso unificado para filmaciones en espacio público, articulando entidades y profesionalización del sector; Seúl tiene programas de incentivos para producciones internacionales y coproducciones que filmen en la ciudad; Toronto trata su industria fílmica como activo económico y territorial y la vincula a planeación urbana y disponibilidad de infraestructura (estudios, suelo, servicios); y Paris, a través del CNC, opera un reembolso fiscal para producciones internacionales (TRIP) de hasta 30% del gasto elegible en Francia (y más si el componente VFX lo amerita). ¿La constante?: la no improvisación, sino que facilitan, incentivan, forman, miden, re-invierten, y conectan el derecho cultural con un ecosistema productivo.
La pregunta es por qué aquí seguimos atrapados entre dos extremos igual de flojos: o lo dejamos todo al mercado (“si funciona, que se pague”) o lo convertimos en una política de evento (“una muestra, un festival, una foto y ya”); el cine —como derecho cultural— necesita permanencia: salas de barrio, circuitos escolares, formación audiovisual, preservación, accesibilidad, y también reglas claras para producir y filmar. Si ya somos grandes consumidores de pantalla, ¿por qué no construir una política pública que haga del consumo una puerta de entrada a ciudadanía cultural y a industria local, en vez de solo dejarlo como tiempo muerto?
Propuesta realista: una estrategia de “Cine de Barrio y Ciudad Audiovisual” para CDMX, con pilotos inmediatos en alcaldías que ya son polos culturales como la alcaldía Benito Juárez, con cinco movimientos concretos y medibles.
Primero es rescatar y reactivar espacios subutilizados —como la Sala Revolución— con operación pública-comunitaria: programación semanal, proyección gratuita o de bajo costo, funciones familiares, cineclub juvenil, y alianzas con universidades y colectivos; que el inmueble deje de ser bodega y vuelva a ser punto de encuentro. ¿Se imaginan la primera Utopía de la industria creativa en la Sala Revolución? Eso sería más representativo que imponer una utopia en una zona donde su comunidad local quiere algo distinto.
Segundo, un permiso simplificado para filmar en la ciudad, inspirado en el PUFA de Bogotá: reglas claras, tiempos estándar, tarifas transparentes y reinversión de lo recaudado en formación y mantenimiento de espacios.
Tercero, incentivos urbanos inteligentes (no regalos): devolución parcial de gastos locales para producciones que contraten talento de la ciudad, usen proveedores locales y aporten actividades comunitarias obligatorias (talleres, funciones abiertas, mentorías), aprendiendo de modelos de comisiones fílmicas y rebates internacionales.
Cuarto, formación audiovisual de barrio: laboratorios en FAROs, centros culturales y secundarias/prepas, con rutas de oficio (sonido, edición, foto, producción) para que la industria no sea club de pocos y sí escalera social.
Quinto, derecho cultural digital: si el streaming ya está en millones de hogares, construir una política de acceso y curaduría pública —con acuerdos y licencias— para que haya cine mexicano disponible en bibliotecas digitales, escuelas y centros comunitarios, y no solo lo que el algoritmo empuje por moda.
El cine no se defiende con nostalgia, se defiende con diseño institucional mano a mano con la calle, con el barrio, con los espacios vivos donde la gente se encuentre sin tener que “consumir” para merecer cultura.
Hay que concientizar, que, cuando una ciudad apaga sus pantallas comunitarias, lo que se oscurece no es una sala, se oscurece la conversación colectiva, y si se hace accesible y común como el futbol, será el encuentro de todos sin importar orígenes. Y ahí sí, perdón, luego no nos quejemos de que el país está polarizado, de que las juventudes se sienten fuera, de que la identidad se vuelve meme y la política se vuelve grito: si no hay cultura accesible, la democracia se vuelve puro ruido.
México, con el talento que tiene, no nació para ser espectador de su propia historia: nació para dirigirla.
